PROCESOS LEGALES

Los pobladores de Junín, quienes están en contra del proyecto minero Llurimagua, han presentado a lo largo de los años denuncias  sobre supuestos abusos a la comunidad y la contaminación ambiental que las empresas mineras han ocasionado. Actualmente existen tres procesos sobre el trabajo de Enami EP-Codelco, uno en el campo administrativo y dos en el campo legal.

Proceso en la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es una Institución encargada de velar por los derechos de las personas que habitan en el país, los ecuatorianos en el exterior, y los Derechos de la Naturaleza.

Bajo este marco, Acción Ecológica pidió su participación para que le de seguimiento al trabajo de la empresa minera en la zona.

En el documento emitido en mayo de 2016, Acción Ecológica también propuso a la Defensoría analizar el proceso penal al que el presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, fue sometido en el año 2014 cuando las empresas Enami EP-Codelco llegaron a la zona, en la que presuntamente exista violación de Derechos Humanos.

A raíz de esta indagación preliminar la Defensoría obtuvo de la Policía de Imbabura, la orden de servicio “Llurimagua”, dónde se detalla el número de gendarmes que irían a la zona mientras la empresa realizaba el Estudio de Impacto Ambiental en 2014.

“Es un proceso largo la institución va despachando los casos a medida que se denuncian”

Proceso en la Fiscalía General de Estado

En noviembre de 2017, Acción Ecológica presentó documentos facilitados por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía solicitando se abra una investigación sobre un posible caso de le espionaje de la empresa minera en la zona de Íntag. La Fiscalía dio paso a la investigación por presunto delito de Violación a la Intimidad y el 19 de marzo llamó a rendir declaraciones al Gerente General de Enami EP y a los dos ex gerentes, Santiago Yépez y Jorge Loor.

Así también a dos autoridades policiales que dirigieron el operativo Llurimagua en 2014, sin embargo uno de ellos no asistió.“El proceso está en una etapa de investigación que debería llevar tres meses, como una persona no se presentó hay que esperar a un nuevo llamamiento, donde empezarán a correr de nuevo los tres meses y ahí se determinará si hay suficientes indicios para iniciar un juicio o no, en ese proceso estamos.”, comenta Chicaiza.

Adicional a los tres procesos, Acción Ecológica ha pedido que la Contraloría General del Estado audite los proyectos mineros; esto a partir del ofrecimiento que hizo el presidente, Lenín Moreno, en diciembre de 2017 sobre no entregar más concesiones mineras y revisar cómo fueron otorgadas las anteriores.

Proceso Administrativo en el Ministerio del Ambiente

El 20 de julio de 2016, la ONG Acción Ecológica presenta al Ministerio del Ambiente una serie de observaciones en torno a cómo la cartera de Estado aprobó el Plan de Inversión y el Plan de Manejo Ambiental presentado por Enami EP.

A través de un informe Acción Ecológica buscaba impugnar la validez de la Licencia Ambiental.

El proceso se resolvió en primera instancia en enero de 2018 pero la defensa de la ONG busca se encuentran analizando la respuesta para hacer una impugnación en vía judicial.